ENCUENTRO NACIONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA. 

México, 29 y 30 de noviembre.

La convocatoria a este Encuentro surge como consecuencia de la aprobación, por el Gobierno de México, de la Ley de Vivienda, en junio de 2006, con nuevas disposiciones sobre el apoyo a la producción social, que obligan a los gobiernos (nacional y locales) a instrumentar dicho apoyo.

La finalidad del mismo fue dar el impulso necesario a la política de vivienda en esta dimensión social.

En representación de nuestra institución participó la Arq. Mónica Minoldo, junto a disertantes de Uruguay, Paraguay, Costa Rica, El Salvador y Francia, quienes formaron parte de las mesas de debate en los seis temas propuestos, como técnicos de organismos de la sociedad civil ejecutores de acciones de vivienda (nueva, mejorada, rehabilitada) y mejoramiento barrial, cooperativas y asociaciones asesoras y de apoyo técnico. En dichas mesas de debate compartieron el espacio con 15 ponentes provenientes de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Distrito Federal.

Las presentaciones y preguntas giraron en torno a temas como: la producción y la gestión social del hábitat en las políticas nacionales, la economía y las finanzas solidarias, la participación ciudadana y el desarrollo de capacidades sociales en los programas de vivienda y gestión social del hábitat, el papel de la asistencia técnica, la tecnología apropiada (incluyendo el uso de materiales tradicionales y adecuados a las prácticas culturales), la gestión social y territorial en las nuevas áreas de expansión, la gestión social para la consolidación y el mejoramiento de la vivienda en las áreas urbanas existentes.

 Según ha sido constatado recientemente en algunos estudios académicos, el 63% de la vivienda del país ha sido construido por las propias familias, enfrentando todo tipo de obstáculos y trabas y prácticamente sin contar con ningún apoyo de parte del gobierno. Por primera vez en la historia este esfuerzo se encuentra reconocido en la Ley de Vivienda. Se trata ahora de dotarlo de los instrumentos (jurídicos, financieros, administrativos) necesarios para desarrollarlo, buscando ampliar la escala y el alcance de sus resultados.

Entre sus objetivos, este Encuentro nacional se propuso ser un hito más en el proceso de difusión de los contenidos de la nueva ley (incluyendo un cartel especialmente elaborado por diversas organizaciones de la sociedad civil para este fin), a la vez que profundizar en el marco conceptual de la producción y gestión social de la vivienda y el hábitat, dando a conocer algunas de las buenas prácticas que se vienen realizando desde hace decenios por diferentes organismos, tanto nacionales como de otros países de la región.

 Una y otra vez se insistió en que “no se trata de hacer casas sino de construir una ciudad habitable y sustentable, de promover una ciudadanía activa y responsable que sea capaz de participar en la gestión democrática de su territorio.”

 El evento evidenció que existe un gran caudal de experiencia acumulada y quedó claro que para los distintos actores el gran desafío ahora es cómo pasar a las buenas políticas que sean capaces de fomentar estos procesos que sin duda requerirán de un sistema de apoyo institucional para el desarrollo de este tipo de producción.

Hay mucho dinero que se destina a vivienda en el país. Pero más de la mitad de la población no está siendo atendida por los programas de mercado que sólo alimentan el negocio de unas cuantas empresas inmobiliarias y constructoras. Y la política actual de subsidios focalizados tampoco será efectiva si sigue por ese mismo camino.

Se pueden citar algunas tareas urgentes que surgieron como conclusiones del evento. Definir una política de vivienda que sea política de Estado, incluyente, integral, que tenga en cuenta las necesidades tanto de los habitantes del campo como de las ciudades y que promueva la integración institucional del sector (desarrollo urbano, suelo, vivienda); la democratización, ampliación y profundización de espacios participativos de interlocución y toma de decisiones entre diversos actores; la definición de un amplio abanico de intervenciones (que busque potenciar y facilitar la diversidad y la flexibilidad y no que tienda a la homogeneización y las soluciones “llave en mano”); el apoyo a la formación y capacitación de todos los actores (incluyendo muy especialmente a aquellos que ocupan cargos públicos) y, por supuesto, la definición de una política de suelo que atienda las necesidades de las diversas formas de producción de vivienda y hábitat.

Para más información consultar: www.hic-al.org – www.conavi.gob.mx – www.uia.mx

 volver a portada